El desierto de Atacama alberga una parte importante de la historia cultural de Chile. Recientes investigaciones en la Pampa (Qba. Mani) descubrieron sutiles evidencias de los primeros Chilenos que aquí habitaron hace más de 14 mil años. Está surcada por antiguos huellas que unían a los pueblos desde el altiplano a la costa y que todavía se utilizaban durante el auge salitrero, cuyas instalaciones dispersas por la pampa nos hablan de la formación del Chile del siglo XIX.
Toda esta riqueza, no obstante, está siendo destruida de manera masiva por una actividad que, si bien en teoría podría tener algunos beneficios económicos por medio del turismo, destruye un importante archivo de nuestra historia. La huella dejada por los competidores en el 2011 se extiende en nuestro país por cerca de 2439 km y, aunque considerando que una parte de ella trascurre por caminos existentes, es factible estimar que la superficie impactada podría ser equivalente a unas 15.000 hectáreas1, es decir unas tres veces las represas de HidroAysen. Posterior a la competencia del 2011, el Consejo de Monumentos Nacionales informó que luego de evaluar 283 sitios arqueológicos de los 486 que habían sido identificados en la ruta de la carrera, cerca del 45 % presentaba algún tipo de daño pese a la implementación de algunas medidas para protegerlos.
Es indiscutible que es completamente equivocada la política estatal que ha favorecido desde las más altas autoridades esta empresa. De hecho, el Estado paga una importante para que se realice en Chile este seudo-deporte, una actividad de elite y muy alejada de las nociones modernas de desarrollo sustentable, protección de medioambiente y patrocino del desarrollo cultural local. Dicho de otra manera, el estado está pagando para que destruyan nuestro patrimonio arqueológico y la riqueza escénica del desierto, dos de los valores que Chile mejor puede promocionar para atraer permanente a turistas a nuestro desierto.